Un nuevo y severo episodio salpica la administración financiera del Municipio de Río Grande. En las últimas horas, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) envió una intimación formal de pago a la gestión del intendente Martín Pérez por una deuda acumulada que asciende a casi 550 millones de pesos. La medida vuelve a encender los alarmas sobre el manejo de las arcas públicas locales y el impacto directo en la cobertura de salud de los empleados municipales.
El aspecto más crítico de la notificación radica en el origen del pasivo: los fondos reclamados ya fueron efectivamente retenidos y descontados de los haberes de la plantilla de trabajadores del Municipio, pero nunca fueron transferidos por la administración de Pérez a las cuentas de la obra social. La falta de giro de estos aportes configura una situación de extrema gravedad institucional y laboral, dejando a los dependientes municipales rehenes del incumplimiento oficial.
Este reclamo no representa un hecho aislado en la gestión económica riograndense. Actualmente, el Municipio conducido por Martín Pérez mantiene vigentes diversos planes de pago y refinanciaciones tanto con la OSEF como con la Caja Previsional de la provincia a raíz de moras previas. La acumulación de deuda y el uso de recursos retenidos a los trabajadores para otros fines exponen el desmanejo presupuestario y la falta de liquidez que enfrenta la administración municipal.
