La reciente autorización otorgada por la Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego para el fondeo de los megayates Lonian y Hodor —registrados en las Islas Caimán, territorio británico de ultramar— dejó al desnudo una profunda contradicción en el plano político e ideológico. El episodio reedita el debate sobre la denominada “doble vara” del espacio gobernante, que suele adoptar discursos de intransigencia patriótica mientras en los hechos concretos flexibiliza controles y avala la presencia de intereses vinculados al Reino Unido en zonas de máxima sensibilidad geopolítica.
El contraste resulta inocultable si se analiza la bajada de línea discursiva del oficialismo en materia de soberanía y recursos estratégicos frente a las resoluciones administrativas firmadas por sus propios funcionarios. A pesar de que un informe técnico firmado por siete profesionales del área protegida advirtió de manera categórica que “no resulta procedente autorizar” la maniobra por riesgos de destrucción del fondo marino y violaciones a la Ley 22.351 de parques nacionales, la administración federal priorizó habilitar el millonario despliegue recreativo de embarcaciones extranjeras.
Esta flexibilización operativa ante intereses británicos no es un hecho aislado en la agenda de gestión y se alinea con antecedentes recientes —como el paso de buques petroleros con registro en islas de ultramar por puertos fueguinos—. La permisividad oficial expone una preocupante brecha entre el relato público de confrontación geopolítica y la realidad de una administración que normaliza y facilita la presencia británica en el Atlántico Sur y la Patagonia.
