El manejo de la infraestructura digital y de los datos contables en la Municipalidad de Río Grande atraviesa su momento más crítico. Tras la caída de los servidores y los constantes reclamos de los vecinos por las demoras en las plataformas de atención, la discusión política giró en torno a la integridad de los archivos financieros archivados en las dependencias de Hacienda y Finanzas.
La preocupación central de la comunidad no solo se focaliza en las demoras para el cobro de haberes de empleados municipales y proveedores, sino en el manejo de expedientes de altísimo impacto económico. La desaparición de la documentación digital que acreditaba la transferencia de más de $330 millones efectuada por la empresa Mirgor encendió sospechas sobre si la parálisis del sistema fue un evento fortuito o si existieron inconsistencias en el resguardo de los respaldos digitales.
Frente a la falta de informes técnicos fehacientes y la ausencia de una investigación judicial en curso sobre el ataque cibernético denunciado, los cuestionamientos de la oposición se han multiplicado. Exigen verificar de forma urgente si las bases de datos de la Tesorería se encuentran alteradas, si la transacción con la empresa privada es rastreable de forma completa y si existen registros inalterables que garanticen la seguridad del erario municipal.
Las declaraciones de funcionarios que buscan minimizar el impacto contrastan con la realidad cotidiana de un sitio web que mantiene fallas operativas y accesos bloqueados. La administración municipal enfrenta la obligación legal y moral de transparentar lo sucedido, garantizando que el patrimonio de los riograndenses no quede envuelto en un manto de dudas e irresponsabilidad administrativa.
