El ataque informático fue utilizado como explicación para problemas administrativos que incluso terminaron impactando en la incertidumbre sobre pagos municipales. Sin embargo, hasta ahora no aparece públicamente una denuncia judicial que permita saber con precisión qué sistemas fueron vulnerados, qué información se perdió y quién está investigando semejante ataque.
Y ahí aparece el dato más delicado.
Información extraoficial llegada a este medio sostiene que debería investigarse si detrás del ataque existió algún interés en eliminar o alterar registros financieros, particularmente los vinculados a la polémica transferencia de $330.342.408,63 de Mirgor al Municipio de Río Grande.
La transferencia existió. Mirgor explicó públicamente que se trató de un error y sostuvo que el dinero fue devuelto en su totalidad.
Ahora bien: no existe hasta el momento ninguna prueba pública que permita afirmar que el hackeo estuvo relacionado con ese movimiento de dinero. Pero la falta de explicaciones oficiales abre un interrogante inevitable.
Si hackearon sistemas sensibles de Tesorería y Finanzas, ¿qué información tocaron? ¿Qué archivos quedaron comprometidos? ¿Existen copias de seguridad? ¿Los registros de la transferencia de Mirgor siguen intactos y auditables?
Porque cuando hablamos de más de $330 millones y sistemas que manejan dinero público, decir simplemente “nos hackearon” ya no alcanza.
El Municipio tiene que mostrar qué pasó. El silencio, lejos de cerrar el tema, lo hace cada vez más sospechoso.
