La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego formalizó un pedido de informes de carácter perentorio dirigido al gobernador Gustavo Melella, con el propósito de fiscalizar la actuación de las dependencias provinciales en torno a las maniobras comerciales ejecutadas por el buque VS Promise. La investigación, encuadrada en la causa "S/ denuncia de presunto buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia", busca certificar la legalidad de los actos administrativos emitidos por el Estado fueguino.
El dictamen remitido por Virgilio Martínez de Sucre establece que el Ejecutivo deberá hacer entrega de todos los registros de carga, manifiestos y actas de fiscalización elaborados en el marco de la regulación hidrocarburífera provincial y de la Ley Provincial 852. El organismo investigador profundizará en los mecanismos de auditoría aplicados en Río Cullen para constatar si las verificaciones técnicas se ajustaron a los protocolos de control soberano que rigen en el territorio subnacional.
El requerimiento exige además que la gestión de Melella exponga de forma clara su criterio jurídico en torno a la aplicabilidad de la Ley Gaucho Rivero ante este tipo de embarcaciones. Las autoridades contarán con 15 días hábiles para responder a cada uno de los puntos planteados, notificando las intervenciones que tuvieron las áreas de Puertos e Hidrocarburos en el intercambio de información con Prefectura Naval Argentina.
