La argumentación utilizada por el interventor del Puerto de Ushuaia, Juan Avellaneda, para fundamentar la autorización de amarre a una embarcación con registro en la Isla de Man desató duras réplicas en el ámbito político y social de Tierra del Fuego. Las justificaciones del funcionario técnico designadas por el Gobierno Nacional apuntaron a minimizar los nexos territoriales del buque, desatando un cruce sobre los alcances geopolíticos de la medida.
Avellaneda sostuvo que la prohibición establecida por las leyes provinciales no abarca la operación de la nave al señalar distinciones entre las áreas de navegación de la cuenca austral y la zona de disputas en Malvinas. Sin embargo, analistas y dirigentes locales remarcaron de forma inmediata que la Isla de Man es un territorio autónomo bajo la soberanía formal de la Monarquía Británica, lo que colisiona con el espíritu de las normativas de resguardo soberano en los puertos fueguinos.
La frase formulada por el interventor recomendando "informarse bien" lejos de atenuar la polémica, fue leída como una descalificación a las demandas de rendición de cuentas formuladas por la comunidad. El episodio reabrió las discusiones acerca de las consecuencias del desplazamiento de las autoridades locales en la fiscalización del puerto y puso bajo la lupa las decisiones administrativas tomadas por la gestión que encabeza la intervención nacional.
