La omisión de los partes oficiales sobre el choque protagonizado por el comisario Ariel Amarilla derivó en fuertes cuestionamientos hacia la conducción de las fuerzas de seguridad y el Municipio de Río Grande. El titular de la Comisaría Primera colisionó contra una estructura de alumbrado en el área bajo su mando, detectándose posteriormente que conducía con 0,5 g/l de alcohol en sangre y la documentación reglamentaria para circular fuera de término.
El incidente tomó una dimensión mayor debido a la ausencia de información pública sobre las actuaciones realizadas. Sectores de la fuerza y de la opinión pública señalan que la falta de transparencia responde a la cercanía entre el jefe policial y el intendente Martín Pérez, sugiriendo la existencia de un intento deliberado por amortiguar el impacto político de la infracción y evitar responsabilidades administrativas inmediatas.
La polémica se intensifica al revisar el historial profesional del involucrado dentro de la institución policial. El comisario Amarilla ocupó en el pasado la jefatura del área de sumarios administrativos, organismo encargado de juzgar y sancionar al personal por inconductas graves, entre las que se incluye el manejo bajo los efectos del alcohol. Su implicación directa en el mismo hecho que antes le tocaba sancionar ha generado un reclamo generalizado de explicaciones y rendición de cuentas a las autoridades locales.