La ausencia de informes públicos por parte de las autoridades nacionales e intervinientes mantiene bajo incógnita el volumen de su carga, la naturaleza de sus tareas operativas y las razones por las cuales se le otorgó autorización de amarrar en una de las terminales más estratégicas del país.
La gestión del puerto se encuentra bajo la órbita de funcionarios promovidos por el Ejecutivo Nacional, cuadro que generó roces con las instituciones provinciales encargadas históricamente del resguardo y la administración de la infraestructura marítima. La llegada de figuras políticas alineadas al espacio de La Libertad Avanza, como Fernando Polizzi —referente cercano al senador Agustín Coto—, ubica a la conducción de la terminal en el centro de las críticas por la omisión de reportes públicos sobre la llegada y permanencia de buques internacionales con pabellón británico.
Diversos sectores de la provincia remarcan que la defensa del territorio y de los recursos marítimos exige un control estricto de cada embarcación que ingresa a los puertos fueguinos, especialmente cuando se trata de buques con registros vinculados a la Corona británica. La demanda de informes busca establecer de manera urgente si el buque cumple con las normativas vigentes en materia de soberanía y conservación, al tiempo que ratifica que la administración de la terminal marítima debe responder a los intereses de Tierra del Fuego y de la Nación Argentina en su conjunto.
