La confirmación de la devolución de más de 330 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Río Grande a la empresa Mirgor S.A.C.I.F.I.A. encendió las alarmas en el arco político provincial. La Tesorería General del Municipio tuvo que verificar a posteriori que la compañía no mantenía deudas fiscales con la comuna, confirmando que la transferencia realizada a las cuentas oficiales constituyó un "pago sin causa" que la administración local absorbió y gastó sin cuestionamientos.
El hallazgo de esta operación financiera informal coincide temporalmente con un armado político clave: la reaparición mediática de Martín Perez junto a dirigentes como Daniel Harrington y Rosana Bertone, además del ruidoso anuncio de su candidatura a la gobernación por el espacio "Provincia Grande". Diversos sectores señalan que este raid de anuncios políticos buscó montar una cortina de humo mediática para tapar tanto la pasividad municipal frente a las 300 familias despedidas de la planta textil/electrónica como la revelación de este "préstamo encubierto".
El mecanismo administrativo deja severos interrogantes sobre los controles internos de la Secretaría de Finanzas Públicas. Que una comuna "use por error" $330 millones pertenecientes a una de las empresas más influyentes del régimen industrial y los reintegre recién cuando el privado reclama la boleta, configura una irregularidad administrativa grave. Crece la exigencia de informes para determinar si con ese dinero se pagaron gastos corrientes o compromisos políticos de la gestión saliente.
