El Gobierno provincial volvió a apelar al crecimiento de la estructura burocrática para justificar el desvío de fondos multimillonarios. Mediante la Resolución N.º 295/2026, la presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina (AITF), Analía Cubino, decretó la creación de la Secretaría de Ciberseguridad y designó al frente del área a Teresita de Jesús Gómez, abriendo una nueva caja de cargos políticos bajo el argumento formal de "proteger la infraestructura tecnológica".
La nueva dependencia no llega sola: la resolución desplegó un entramado de direcciones, departamentos y divisiones que incluyen la Dirección de Seguridad de la Información y Ciberdefensa, el Departamento de Respuesta a Incidentes y la División de Operaciones. Sin embargo, puertas adentro de la administración y en la opinión pública, la medida es leída como el montaje de un aparato de monitoreo, vigilancia y financiamiento de trolls pagados con fondos públicos para operar en el año electoral.
El salto de la autodenominada "Fábrica de Talento" a un abultado presupuesto oficial resulta ostensible. En 2023, la agencia operaba con 87 empleados y cerca de $4.000 millones. Hacia 2024 la plantilla se duplicó a 185 personas ($5.400 millones) sin rendiciones de cuentas claras sobre su impacto económico. Durante 2025, el gasto en personal alcanzó los $8.112 millones sobre un presupuesto global de más de $8.000 millones para sostener a 200 funcionarios y personal de confianza.
Para este 2026, la estructura escaló a 225 agentes y una partida que sobrepasa los $11.000 millones de pesos. Entre designaciones a dedo y partidas millonarias sin medir resultados concretos, la agencia provincial consolida un abultado gasto político mientras la comunidad sigue exigiendo transparencia e inversiones reales.
