Un nuevo capítulo de controversia salpica las decisiones de la administración nacional sobre los activos fueguinos. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la AGP formalizaron el dictamen para el reemplazo del sistema de defensas del muelle comercial del Puerto de Ushuaia, inclinando la balanza en favor de la constructora Concret Nor S.A., pese a que su oferta financiera sobrepasa en un 18,08% el presupuesto proyectado por la administración central.
La maniobra administrativa despierta severos interrogantes en el ámbito provincial, dado que el proceso contó con cinco participantes pero terminó dejando un único competidor en pie. En la comunicación oficial emitida para dar cuenta del proceso, los organismos involucrados omitieron informar el sobreprecio pactado respecto de la cotización original, así como tampoco hicieron mención expresa del nombre de la contratista beneficiada.
El caso cobra mayor relevancia al analizar el perfil de Concret Nor S.A., encabezada por Sebastián Galluzzo, una firma con presencia en concesiones viales nacionales (Red de Accesos y Rutas 3, 205 y 226) y con antecedentes de contratos en municipios bonaerenses como Tigre en 2013 y obras en la estatal AySA durante 2021.
La resolución de la licitación tiene lugar mientras el Gobierno de Tierra del Fuego y diversos sectores locales mantienen el reclamo por la falta de rendición de cuentas sobre los ingentes ingresos que genera la terminal portuaria, cuya infraestructura dominada por la Nación pertenece legalmente al patrimonio de todos los fueguinos.
