La prestación de servicios de salud para los jubilados fueguinos quedó en el centro de una controversia de proporciones tras las declaraciones brindadas por el gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho en diálogo con FM Stylo. El médico acusó a la conducción del PAMI en la provincia, alineada con el espacio libertario, de omisión y complicidad ante un presunto esquema de facturación fraudulenta.
El caso tomó trascendencia pública luego de que el profesional demostrara que el PAMI continuó autorizando órdenes de prácticas complejas, como el biofeedback anorrectal, aun después de que organismos técnicos certificaran oficialmente que la provincia no dispone del instrumental ni de los laboratorios requeridos para llevarlas a cabo.
El aspecto más crítico de la denuncia radica en el uso de las identidades de adultos mayores para encubrir la generación de expedientes médicos falsos. Mariño Camacho exhibió documentación oficial donde figuran prescripciones de estudios de fertilidad asignadas a mujeres de más de 70 años, maniobra que habría servido como canal para el desvío de fondos públicos millonarios en la gestión de La Libertad Avanza.
De acuerdo con las afirmaciones del especialista, las advertencias formales elevadas a distintos niveles del organismo no derivaron en frenos ni auditorías internas para cortar la operatoria. La presentación de Mariño Camacho, que evalúa perjuicios económicos por más de $1.000 millones, ya se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Diputados para determinar la responsabilidad de los funcionarios libertarios al frente de la delegación fueguina.
