El intento frustrado de desembarco de la familia del diputado nacional Santiago Pauli en la estructura de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desnudó las falencias técnicas de las postulaciones presentadas por el entorno de La Libertad Avanza. A pesar de los esfuerzos de la legisladora Natalia Gracianía por sembrar dudas sobre los criterios de exclusión aplicados en la primera fase del concurso institucional, los informes emanados del Acta 005 de la Comisión Evaluadora demostraron que las carpetas de Laura Almirón de Pauli y Carolina Pauli fueron rechazadas por carecer de los sustentos documentales mínimos y obligatorios que cualquier concurso de oposición exige a nivel provincial.
Los considerandos del dictamen emitido por el cuerpo técnico evaluador de la Legislatura provincial detallan con precisión quirúrgica las razones de las no admisiones, echando por tierra cualquier argumento de animosidad política. Según el documento, las parientes del diputado nacional no pudieron acreditar de manera fehaciente los cinco años de residencia continua e inmediata exigidos en el territorio fueguino, un requisito que la ley impone de forma estricta para garantizar que quienes asuman la defensa de la niñez conozcan la realidad social y geográfica de la isla. Además, el informe técnico constató la falta de títulos habilitantes debidamente certificados y la total ausencia de antecedentes que acrediten la idoneidad específica para el ejercicio de una magistratura de tamaña complejidad comunitaria.
La contundencia del rechazo legal y el posterior archivo de los recursos presentados por las aspirantes dejaron en evidencia el desparpajo con el que el espacio libertario pretendió forzar las normativas vigentes. El escándalo no solo dejó debilitada la posición discursiva de la legisladora Gracianía en el recinto, sino que expuso ante la opinión pública el desprecio por los mecanismos institucionales de selección por parte de quienes hicieron de la meritocracia su principal bandera política. La firmeza de la Comisión Evaluadora al no ceder ante las presiones y las operaciones mediáticas del bloque de La Libertad Avanza operó como un límite institucional indispensable, demostrando que en el acceso a la función pública no puede haber privilegios parentales ni coronitas de impunidad para los familiares del poder de turno.
