Las proyecciones políticas para el cierre del año legislativo y el reordenamiento de las alianzas territoriales en la Patagonia sumaron un capítulo determinante. El gobernador Gustavo Melella formalizó su acercamiento al Gobierno de la Nación mediante una extensa mesa de trabajo con el ministro del Interior, Diego Santilli, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cónclave, presentado institucionalmente como una ventana de diálogo para tratar la matriz productiva provincial y las normativas vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), esconde detrás de las sonrisas de protocolo una cruda realidad de conveniencias cruzadas: el Poder Ejecutivo nacional necesita consolidar voluntades parlamentarias para sus reformas de fondo, y el mandatario provincial requiere avales y gobernabilidad para sostener su insistente plan de reforma constitucional.
El diseño de la comitiva del oficialismo fueguino no dejó margen para las casualidades. Al sentar en la misma mesa al diputado nacional Agustín Tita y al jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, Melella envió una señal explícita a los operadores de La Libertad Avanza respecto de la viabilidad de coordinar acciones directas en las cámaras del Congreso. Las suspicacias que se replican en los portales informativos se sustentan en el contraste de esta cumbre con el panorama socioeconómico que atraviesa la isla. La aparente sintonía política con Santilli contrasta abiertamente con los duros efectos que las políticas macroeconómicas nacionales generaron en el régimen de promoción industrial fueguino, caracterizado en los últimos meses por un goteo constante de despidos y suspensiones en los principales parques fabriles de la provincia.
Del mismo modo, el cese de las hostilidades públicas por parte de la administración de Melella respecto a temas sensibles como la desinversión de YPF en las cuencas locales y la pérdida de control provincial sobre los recursos del Puerto de Ushuaia, confirma que el mapa de prioridades de la gestión provincial sufrió una alteración drástica. La comunidad asiste a una triangulación de intereses donde las urgencias de infraestructura urbana, el financiamiento educativo y la estabilidad de los puestos de trabajo del sector privado quedan relegados a un segundo plano, supeditados a los resultados de una negociación subterránea orientada a garantizar la supervivencia y el blindaje del esquema de poder del oficialismo fueguino.
