La compra fue iniciada a fines de 2022, cuando la Provincia avanzó con la adquisición de un Bell 427 modelo 2008, una aeronave discontinuada y de baja disponibilidad operativa. Según información pública, el acuerdo original contemplaba una inversión de US$ 2.450.000, en el marco de la emergencia por incendios forestales.
El Gobierno justificó la compra como una incorporación estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones críticas. Sin embargo, el tiempo terminó dejando una pregunta central: ¿por qué se compró un helicóptero discontinuado, con pocas unidades fabricadas en el mundo y con dificultades para conseguir pilotos habilitados?
Las dudas crecieron luego del operativo en el Ojo del Albino, en diciembre de 2025, cuando un turista sufrió una descompensación cardíaca durante una excursión. Según publicaciones periodísticas, el helicóptero provincial habría intentado durante más de una hora concretar la evacuación, pero no logró aterrizar. Finalmente debió intervenir una empresa privada con experiencia en operaciones de montaña en Ushuaia. El turista falleció horas después.
El caso expuso una situación grave: una aeronave millonaria, comprada para responder ante emergencias, no habría podido cumplir su función en uno de los momentos más críticos. En una provincia con geografía extrema, clima cambiante y zonas de difícil acceso, la capacidad operativa no puede depender de improvisaciones.
También deberá explicarse por qué el Gobierno recurrió a pilotos de otra provincia para operar el Bell 427, mientras en Ushuaia había experiencia local habilitada y conocimiento específico del terreno de montaña. En Tierra del Fuego, conocer el territorio no es un detalle: puede ser la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde.
A esto se suma la duda actual sobre el estado de la aeronave. Distintas versiones señalan que el helicóptero no estaría operativo, lo que vuelve aún más urgente una respuesta oficial. Si no funciona, el Gobierno debe informar desde cuándo, por qué motivo, cuánto costará ponerlo en condiciones y quién se hace responsable de una inversión de semejante magnitud.
Tierra del Fuego necesita un Estado preparado para actuar cuando la emergencia ocurre. No alcanza con comprar equipamiento, hacer anuncios y mostrar fotos. Los recursos públicos deben funcionar, estar disponibles y responder cuando la vida de una persona está en riesgo.
Después de US$ 2,45 millones, un modelo discontinuado, pilotos traídos de otra provincia, un operativo fallido y una aeronave que hoy estaría parada, el Gobierno de Melella debe una explicación clara a todos los fueguinos.
