El escenario social en los centros urbanos de Tierra del Fuego se encuentra al borde del colapso institucional debido a los alarmantes índices de exclusión laboral que registra el sector de la construcción civil. Con más de un centenar de desempleados agolpándose por jornada en las dependencias gremiales en busca de un puesto de trabajo, la conducción de la UOCRA determinó que el Estado provincial posee la responsabilidad absoluta de que la tasa de desocupación en el rubro haya alcanzado el catastrófico récord del 90% del padrón total.
Para la entidad gremial, las cifras que manejan los despachos gubernamentales intentan matizar de manera irresponsable una realidad que se palpa en los barrios más vulnerables de Ushuaia y Río Grande. Las promesas de reactivación de infraestructura crítica, como la nueva usina de la capital o las naves logísticas para la firma privada Tecnomyl, siguen demoradas en los laberintos burocráticos de la gestión de Gustavo Melella. El gremio advirtió que estos proyectos, en caso de concretarse, resultarán parches insuficientes si la provincia no destraba de inmediato los planes federales de vivienda y saneamiento urbano.
Ante la falta de respuestas tangibles en los últimos meses, la conducción que encabeza Julio Ramírez mantiene la expectativa de abrir un canal de diálogo de carácter extremo con las máximas autoridades provinciales antes de que el descontento social de las bases obreras se traslade a las calles. No obstante, el sindicato dejó en claro que la paz social de Tierra del Fuego está severamente condicionada por la capacidad del gobernador Melella para asumir su rol institucional y revertir de manera urgente el vaciamiento productivo de una industria que históricamente funcionó como el motor del empleo local.
