La decisión vuelve a poner en el centro de la escena una pregunta política que el Ejecutivo provincial evita responder: ¿por qué Gustavo Melella insiste con una reforma constitucional que no tiene consenso social, político ni institucional?
Según los datos difundidos por la consultora Zuban Córdoba, más del 70% de la sociedad fueguina rechaza avanzar con elecciones constituyentes en este contexto. No se trata de una diferencia menor ni de una discusión técnica: siete de cada diez fueguinos y fueguinas están diciendo que no es el momento.
A ese rechazo social se suma el rechazo político. La Legislatura provincial ya frenó el proceso y derogó la ley que habilitaba la reforma, con una votación de 11 a 4 que dejó al oficialismo en una clara minoría. También la Justicia Electoral declaró la nulidad del decreto de convocatoria, al considerar que no estaban dadas las condiciones jurídicas para avanzar.
El mensaje institucional es contundente: la sociedad dijo que no, la Legislatura dijo que no, la Justicia dijo que no y los intendentes también vienen marcando que la prioridad no puede ser una reforma constitucional en medio de la crisis.
Mientras tanto, la provincia atraviesa problemas urgentes: deudas millonarias con los municipios, conflictos salariales, reclamos en salud, educación y obra social, caída industrial y una situación económica que golpea todos los días a las familias fueguinas.
En ese contexto, la insistencia del Gobierno provincial aparece cada vez más desconectada de la realidad. La reforma no resuelve el salario de los trabajadores, no paga la deuda con los municipios, no mejora la atención en salud, no garantiza clases en condiciones dignas ni genera empleo.
Por eso, la apelación no solo abre un nuevo capítulo judicial. También profundiza el aislamiento político de Melella, que parece decidido a sostener una agenda propia aun cuando el conjunto del sistema institucional le está marcando otro camino.
La pregunta sigue siendo la misma: si la sociedad no quiere, la Legislatura lo frenó, la Justicia lo anuló y los intendentes advierten que no es prioridad, ¿por qué Melella insiste?
En Tierra del Fuego, la discusión ya no es solamente jurídica. Es política. Y cada nueva maniobra del Gobierno confirma que la reforma constitucional dejó de ser una propuesta institucional para convertirse en una obsesión del poder.
