La negociación entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Río Grande y la empresa BGH ingresó en una fase decisiva de cara al bache productivo programado para el mes de julio. La realidad golpea de frente a la industria austral: ante la ausencia de un plan de contingencia o de gestiones efectivas por parte de la administración provincial para sostener los niveles de producción, el sindicato debió activar un plan de contención de daños para evitar que la crisis derive en una ola de despidos encubiertos.
La estrategia de la conducción fabril fue blindar la discusión interna mediante la democracia sindical. A través de asambleas multitudinarias, los operarios de BGH debatieron los pasos a seguir ante la inminente suspensión del personal. Con el mandato de las bases bajo el brazo, la comisión directiva tiene el marco de maniobra necesario para pulsear frente a los ejecutivos de la compañía tecnológica.
El titular de la UOM, Oscar Martínez, fue contundente respecto a la firmeza de la postura obrera y el mandato unánime que recibieron de los trabajadores: “Nosotros ya hemos avanzado en lograr el respaldo y apoyo por unanimidad de la asamblea de trabajadores. Ahora nos queda discutir con la empresa la metodología, la percepción del 100% de los salarios y la garantía de estabilidad laboral durante los próximos meses, como mínimo”.
La meta fijada por el gremio es estricta: que la suspensión de julio afecte el tiempo de permanencia en fábrica, pero jamás el poder adquisitivo del personal ni sus puestos de trabajo en el mediano plazo. Las próximas semanas serán clave para la firma del acta acuerdo. Mientras tanto, en los pasillos de las fábricas de Río Grande flota el mismo sabor amargo: el de un sector laboral que debe salvarse a sí mismo debido a una gestión provincial que brilla por su ausencia y que se muestra incapaz de defender los intereses de la soberanía industrial fueguina.
