Lo que el oficialismo intentó vender durante meses como un proceso "histórico e irreversible" terminó convirtiéndose en el fracaso político más ruidoso de la gestión de Gustavo Melella. En las últimas horas, la Legislatura Provincial dio el estocada final al proyecto reformista al notificar formalmente al Juzgado Electoral la derogación absoluta de la Ley 1529, la norma que declaraba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Fueguina. Con esta presentación judicial, la iniciativa estrella del gobernador quedó oficialmente sepultada, sin ley que la ampare, sin sustento legal y sin un proceso constituyente vigente en el territorio.
La comunicación enviada a la Justicia no hace más que profundizar la crisis política de un Gobierno que se empecinó en avanzar a los ponchazos con una reforma que no tenía el consenso de la sociedad ni de los representantes legislativos. Mientras el entorno de Melella insistía caprichosamente en estirar los plazos y presionar para que se hiciera la elección de convencionales, la mayoría en la Legislatura decidió cortar por lo sano y eliminar la ley que le daba origen al proceso. Ahora, con la Justicia formalmente informada, el camino quedó completamente clausurado en los papeles.
Desde los sectores de la oposición salieron a pegarle duro al mandatario, señalando que este desenlace es la consecuencia directa de una gestión que prefiere la timba política y el gasto millonario antes que priorizar las urgencias reales de los fueguinos. La disputa por la reforma constitucional suma así su capítulo definitivo, dejando al descubierto el aislamiento político de Gustavo Melella, quien vio cómo su proyecto más ambicioso se desmoronaba en sus propias manos por no haber sabido leer el termómetro de la calle ni respetar los límites que le impuso el arco legislativo.
