La improvisación y la urgencia política parecen haber copado la agenda del Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego, arrastrando en el camino a áreas tan sensibles como la salud pública. En las últimas horas, la firma del Decreto Provincial N° 932/26 desató un verdadero escándalo al revelarse que la gestión de Gustavo Melella avanzó con una apresurada regularización dominial de dos predios clave en la zona portuaria de Ushuaia, transfiriéndolos directamente a la órbita de la administración portuaria. Lo alarmante de la medida tomada por el mandatario es que una de las parcelas afectadas, de más de 5.100 metros cuadrados, es el lugar exacto donde actualmente funciona y presta servicios el Hospital Modular de Ushuaia.
La maniobra, impulsada bajo cuerda a través de actuaciones de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y la Dirección General de Catastro, determinó de manera llamativa la "inexistencia de dominio registrado" sobre estas tierras. Sin embargo, lejos de tratarse de un trámite administrativo rutinario, la comunidad ve con profunda preocupación cómo Melella decide mudar la titularidad de un terreno hospitalario justo cuando el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo una severa intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde hace 135 días. Al pasar el predio del Hospital Modular a la estructura portuaria intervenida, el gobernador regala el control de la infraestructura sanitaria a la lógica del conflicto con Nación.
Desde los sectores más críticos a la gobernación se señala que esta resolución es una muestra de desatención absoluta de Melella hacia las necesidades de los vecinos de Ushuaia. El decreto firmado por el mandatario intenta justificar el avasallamiento argumentando que la ocupación actual es "compatible" con la consolidación registral, instruyendo a la Escribanía General de Gobierno a acelerar los papeles. No obstante, el texto de la propia norma deja abierta una peligrosa ventana: la necesidad inminente de "adecuar la ocupación actual de los espacios a la intervención". En buen romance, la impericia del gobernador ha dejado la continuidad del Hospital Modular subordinada a los vaivenes de una batalla judicial y política, poniendo en riesgo un centro de salud vital por el solo hecho de querer ganar terreno en una disputa de poder personal.