El sector hidrocarburífero de Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más opacos, agravado por la insistencia del gobernador Gustavo Melella en difundir certezas que la economía real desmiente sistemáticamente. El anuncio gubernamental sobre la supuesta resolución del conflicto y el blindaje de los puestos de trabajo duró lo que tarda en circular la información interna de las compañías: el proceso de transición energética entre YPF, Velitec y la provincial Terra Ignis está trabado y el costo operativo se está cortando por el hilo laboral.
Analistas del sector y actores directamente involucrados en las operaciones del norte isleño advierten que los esquemas de costos presentados por el Ejecutivo provincial eran inviables desde su concepción. La creación y el direccionamiento de Terra Ignis, lejos de convertirse en el motor de desarrollo anunciado por la gestión Melella, funciona actualmente como un tapón burocrático que dilata las inversiones necesarias y licúa las responsabilidades contractuales. Las más de 90 suspensiones que hoy paralizan la actividad son la consecuencia directa de una política de parches fiscales y falta de seguridad jurídica.
La gravedad de la situación radica en que la producción de gas y petróleo —columna vertebral de los ingresos por regalías de la provincia— se encuentra amenazada por la conflictividad latente y la impericia oficial para sentar a las partes en una mesa técnica seria. Intentar maquillar los desajustes financieros de una mala administración con discursos de pacificación social solo posterga una crisis que, de no mediar un cambio drástico en la conducción de la política energética provincial, terminará consolidando un escenario de desinversión y desocupación estructural en la Patagonia Sur.
