La profunda crisis hidrocarburífera de Tierra del Fuego arrastra desde hace años indicadores de un retroceso alarmante, destacándose una pérdida cercana al 90% en la producción de petróleo respecto de sus niveles históricos.
Este progresivo deterioro de la actividad es el reflejo directo de la inacción estatal y de la falta de políticas de incentivo capaces de atraer inversiones que revirtieran la tendencia declinante de las cuencas locales.
A pesar de conocer la gravedad del diagnóstico sectorial, la estrategia del Gobierno provincial frente a este declive operativo ha generado fuertes cuestionamientos debido a una marcada y escandalosa paradoja administrativa que pone en tela de juicio las prioridades presupuestarias del gobernador Gustavo Melella.
Mientras las operaciones en los campos entran en zona de riesgo inminente por el conflicto sindical, el éxodo de contratistas y la ausencia total de planes de contingencia, el Ejecutivo provincial avanzó de forma decidida en el fortalecimiento de la estructura burocrática del Ministerio de Energía, ampliando significativamente su planta de cargos.
Esta expansión del aparato político y administrativo contrasta de manera vergonzosa con el desamparo técnico que sufren los yacimientos en el territorio. En lugar de destinar recursos y esfuerzos institucionales a fiscalizar las operaciones, destrabar el conflicto con los trabajadores y garantizar la producción de gas para el invierno, la prioridad oficial se redujo al engrosamiento de la burocracia estatal.
Frente a las preguntas urgentes de empresarios, trabajadores y usuarios sobre la capacidad real de Terra Ignis y la seguridad del suministro, la única respuesta del Gobierno continúa siendo un silencio que evidencia la falta de un plan energético serio para la provincia.
