La discusión por la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego ha dejado de ser un debate meramente técnico para convertirse en un duro enfrentamiento político y discursivo. El legislador Jorge Lechman polarizó fuertemente con el gobernador Gustavo Melella al asegurar de manera taxativa que el Ejecutivo "le miente a los fueguinos" respecto a los alcances y beneficios reales que traería aparejada la modificación de la ley fundamental de la provincia. Según Lechman, el discurso oficial que promete una modernización del Estado y la consagración de nuevos derechos es solo una fachada.
En sus declaraciones a diversos medios, el parlamentario insistió en que las prioridades de la población de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin pasan por la preocupante situación económica, la crisis habitacional y las deficiencias en los servicios públicos esenciales, y no por una agenda de reforma constitucional. Al denunciar que el Gobierno oculta sus verdaderas intenciones de concentración de poder y eventuales habilitaciones electorales bajo promesas de bienestar social, Lechman instó a la comunidad a mantenerse alerta frente a lo que considera un intento de manipulación institucional.
Para el legislador provincial, la administración actual tergiversa los artículos vigentes con el fin de construir una narrativa de necesidad y urgencia que legitime la convocatoria a elecciones de convencionales.
El debate jurídico e institucional en Tierra del Fuego sumó un nuevo análisis crítico por parte de la oposición parlamentaria. El legislador Jorge Lechman argumentó de forma exhaustiva que el gobernador Gustavo Melella y sus equipos técnicos están realizando una interpretación forzada y errónea de las herramientas que provee la actual Constitución Provincial. El objetivo de esta maniobra, de acuerdo con lo expresado por el legislador, es fabricar una justificación legal ante la sociedad para avanzar con un proceso que carece de consenso político amplio y de demanda popular real.
Lechman enfatizó que las herramientas para solucionar los problemas de administración, transparencia y gestión económica ya están contempladas en el texto constitucional vigente, por lo que no es necesario someter a la provincia al costo político y económico de una reforma total. La acusación de "usar mal la Constitución" radica en que, según el parlamentario, se señalan supuestos vacíos legales o rigideces normativas que en la práctica se resuelven con una correcta aplicación de las leyes vigentes y con una gestión eficiente del Estado, desnudando que el apuro oficialista responde a necesidades estrictamente partidarias.
