El impacto social del nuevo aumento del gas comenzó a manifestarse de manera inmediata en los centros de atención comunitaria y dependencias estatales de Tierra del Fuego. Con la llegada de los primeros fríos intensos y la confirmación del incremento tarifario, miles de hogares que anteriormente lograban mantenerse al día con los servicios públicos han caído en la categoría de "pobreza energética", viéndose obligados a elegir entre la compra de alimentos o el pago de la factura de gas para no sufrir el corte del suministro. Esta realidad provocó un colapso en las plataformas de inscripción para subsidios y tarifas sociales diferenciadas, superando ampliamente las proyecciones que las carteras de asistencia social habían estimado para este período del año.
Organizaciones vecinales y ONGs que operan en los barrios periféricos de la provincia alertaron que las familias de menores ingresos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, dado que el invierno fueguino no permite la opción de racionalizar el uso de la calefacción sin poner en riesgo la salud y la vida misma de niños y adultos mayores. Los referentes comunitarios remarcaron que el aumento del 2,81%, aunque parezca un porcentaje menor en términos macroeconómicos, se vuelve letal cuando se aplica sobre una base de facturación que ya venía inflada por los ajustes de los meses previos. Ante este escenario, diversos sectores políticos y sociales locales comenzaron a exigir de manera urgente la ampliación de los fondos destinados a las tarifas sociales y la declaración de la emergencia tarifaria en toda la región patagónica.
