El mapa del empleo público en la Argentina volvió a dejar en evidencia las profundas e injustificables asimetrías que existen entre las gestiones provinciales. En este escenario, las máximas autoridades de Tierra del Fuego quedaron señaladas como las principales responsables de un desequilibrio que golpea directo al federalismo fiscal. La provincia patagónica encabeza el listado nacional con un registro insólito de 141 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes, una cifra que pulveriza la media nacional de 50 y que deja muy expuesta la alarmante ineficiencia de la administración austral.
La brecha con las provincias que traccionan la economía del país es tan profunda que elimina cualquier tipo de justificación demográfica o geográfica. El gobierno de Tierra del Fuego gasta recursos para sostener una planta que, en términos relativos, cuadruplica a la de Córdoba (33 cada 1.000) y triplica holgadamente a las de Buenos Aires y Santa Fe. Incluso frente a otras provincias históricamente cuestionadas por sus abultados planteles estatales, la gestión fueguina rompe todos los moldes: supera con comodidad a La Rioja y Neuquén (ambas con 111), a Santa Cruz (109) y a Catamarca (100).
La publicación de estos datos encendió las alarmas en el sector privado fueguino, el cual debe cargar con el peso impositivo de sostener un aparato estatal sobredimensionado que compite de manera desleal por los recursos y la mano de obra local. La responsabilidad recae enteramente sobre los hombros del Ejecutivo provincial, cuya inacción para reformar el Estado y frenar los ingresos indiscriminados amenaza con convertir a la isla en un territorio económicamente inviable, sumiso a los vaivenes de la asistencia financiera externa y completamente alejado de los estándares de modernización y eficiencia que demanda el país actual.
