El recorte del gas envasado dejó al descubierto una trama de promesas rotas y obras de infraestructura cajoneadas por la Provincia. En una jugada letal para el relato oficial, la secretaria Lorena Henriques Sanches apuntó directamente contra los ministerios de Economía y de Obras Públicas, recordándoles que si hoy miles de fueguinos dependen de una garrafa para subsistir, es justamente por la incapacidad del Estado provincial para cumplir con sus obligaciones.
La funcionaria fue letal al poner como ejemplo la Urbanización General San Martín. Henriques Sanches demostró con datos contundentes que, si la Provincia se hubiese dignado a ejecutar las obras de infraestructura que le correspondían, hoy habría más de 3.000 familias viviendo dignamente con acceso fluido a la red de gas natural, en lugar de estar mendigando un subsidio bajo la amenaza de quedarse a oscuras y con frío.
Frente a este escenario de abandono sistemático, la secretaria exigió la suspensión inmediata de los efectos más duros del nuevo régimen tarifario. Para Henriques Sanches, castigar a los usuarios quitándoles el beneficio del GLP es un acto de cinismo político, considerando que es el propio Gobierno provincial quien los condenó a no tener servicios básicos. La pulseada está planteada, y el Municipio dejó en claro que no va a permitir que los platos rotos del ajuste los pague la gente.
