La oficialización del nuevo cargo de María Delfina Pérez no solo generó ruido en el ámbito político, sino que desató una fuerte tensión hacia el interior del palacio municipal. Delegados gremiales y trabajadores de carrera expresaron su profundo malestar ante lo que consideran un trato preferencial y un "privilegio de sangre" en plena época de restricciones económicas.
El principal foco de conflicto radica en las condiciones laborales otorgadas a la hermana del jefe comunal. Según el decreto que salió a la luz, Pérez mantendrá un salario bajo la escala de autoridades superiores con carácter retroactivo. Para los empleados municipales, esto representa una provocación frente a las dilatadas negociaciones salariales del sector.
La carrera administrativa, relegada
"Hay compañeros con más de veinte años de servicio, con títulos universitarios y capacitación constante, que jamás han podido acceder a una dirección general porque esos puestos se reservan para los familiares del poder", señalaron fuentes sindicales bajo estricto anonimato por temor a represalias.
Los trabajadores autoconvocados evalúan realizar una presentación ante la Secretaría de Trabajo para exigir que las vacantes de jerarquía en áreas como Relaciones Públicas y Eventos se cubran mediante concursos transparentes y no por designaciones directas basadas en el parentesco con el intendente Pérez.
Si bien la práctica del nepotismo contradice los principios de idoneidad establecidos en el Artículo 16 de la Constitución Nacional, en los municipios que no cuentan con una ordenanza específica "antinepotismo", los intendentes retienen la facultad discrecional de nombrar a sus allegados en cargos de confianza política o gabinete.
El vacío legal: Al estar encuadrada como personal de planta de gabinete, la designación de la hermana del intendente esquiva los controles que rigen para la planta permanente, permitiéndole percibir salarios de la máxima escala sin haber pasado por un proceso de selección abierto.
Un debate ético obligatorio
De acuerdo con los analistas, este caso sienta un precedente complejo para la institucionalidad de Río Grande. Aunque el Ejecutivo argumente que el movimiento es legal por tratarse de un cargo político, el cuestionamiento social radica en la moralidad del acto. "La legalidad no siempre es sinónimo de ética. Usar la estructura del Estado para asegurar el bienestar económico de un familiar directo debilita de manera inmediata la legitimidad del gobernante", explicaron expertos en transparencia institucional, quienes instaron al Concejo Deliberante a legislar de manera urgente para prohibir estas prácticas a futuro.
