La provincia de Tierra del Fuego ha ingresado en un alarmante escenario de degradación institucional tras la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar, en un doble golpe parlamentario, tanto el sistema de liquidación automática para municipios como el freno a la reforma constitucional. El uso y abuso de las facultades de veto a través de los Decretos N.º 0865/26 y 0866/26 expone la alarmante resistencia del Poder Ejecutivo a someterse a los contrapesos democráticos y al control de los representantes del pueblo.
Diversos sectores políticos coincidieron en que este doble "carpetazo" gubernamental representa un gravísimo retroceso institucional. Por un lado, se anula la posibilidad de que las ciudades cuenten con herramientas financieras previsibles para resolver demandas vecinales de forma autónoma. Por el otro, se pasa por encima de la voluntad mayoritaria de los legisladores que habían interpretado con lucidez el pulso social: la ciudadanía no quiere una reforma constitucional exprés ni gastos superfluos en medio de una economía en recesión; exige soluciones urgentes para el empleo, la vivienda y el plato de comida.
El avasallamiento perpetrado por el Ejecutivo provincial no solo rompe los puentes de diálogo con los municipios y los bloques opositores, sino que sumerge a la provincia en una inédita crisis de poderes de final abierto. Al concentrar de manera obsesiva la toma de decisiones económicas y las reglas del juego electoral en los despachos de la Casa de Gobierno, Melella ha dejado en claro que su gestión no tolera la disidencia ni respeta la independencia de los poderes del Estado. Lo que viene ahora es un escenario de extrema tensión política y una inminente batalla judicial en los tribunales de la provincia.
