La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo adverso para la gestión del gobernador Gustavo Melella, al rechazar la demanda interpuesta por la provincia de Tierra del Fuego contra el Estado Nacional. El litigio buscaba la inconstitucionalidad del Decreto 566/2019, que en su momento estableció un congelamiento transitorio en el precio del petróleo.
Lo que comenzó como una fuerte embestida judicial terminó en un traspié institucional, luego de que la estrategia legal de la provincia se viera debilitada por sus propios informes técnicos. Según consta en el expediente, el equipo legal fueguino terminó reconociendo que el impacto económico denunciado nunca llegó a materializarse.
El origen del conflicto y el giro inesperado
La demanda fue iniciada con el objetivo de impugnar la normativa firmada durante la presidencia de Mauricio Macri. El gobierno provincial argumentaba que el congelamiento del crudo afectaba directamente la recaudación de regalías hidrocarburíferas, generando un daño irreparable en las arcas públicas.
Sin embargo, el proceso judicial tomó un rumbo inesperado en marzo de 2024. Documentación oficial incorporada a la causa, incluyendo informes de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), desmintió la premisa inicial de la demanda.
"La Provincia no ha sufrido perjuicio económico respecto de las regalías hidrocarburíferas por la aplicación del Decreto Nacional 566/19", dictaminó el informe técnico oficial de la propia AREF.
El fallo de la Corte
Ante la admisión explícita de que no existió una pérdida económica y que las operadoras utilizaron el tipo de cambio vigente conforme a la ley, la Corte Suprema concluyó que la demanda carecía de sustento.
El tribunal determinó que, al no existir un daño concreto, no hay un "caso" o "controversia" que requiera la intervención del máximo órgano de justicia. Con esta resolución, se cierra un capítulo judicial que deja en una posición incómoda a la administración de Melella, al haber sostenido durante años un litigio basado en un perjuicio inexistente.
