Tierra del Fuego atraviesa una tormenta perfecta, pero el Poder Ejecutivo parece haber decidido navegar hacia un horizonte estrictamente político. A través de la firma del decreto que fija el 9 de agosto para la elección de convencionales constituyentes, el gobernador Gustavo Melella formalizó una agenda que, para gran parte de la sociedad, se lee como una desconexión total con la urgencia de la calle.
Los frentes abiertos
El escenario que rodea este llamado a las urnas es crítico por donde se lo mire:
Educación y Salud: Mientras se planifica el despliegue electoral, el sindicato docente (SUTEF) mantiene un plan de lucha con paros y movilizaciones en reclamo de salarios que superen la inflación. En paralelo, la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino) continúa sumida en un déficit que restringe prestaciones básicas, dejando a miles de afiliados sin cobertura en un momento de vulnerabilidad económica.
Seguridad y Jubilaciones: El malestar alcanzó un punto de ebullición con los policías retirados. Las familias de los efectivos denuncian retrasos de hasta diez meses en el pago de haberes y aguinaldos por parte de la Caja Previsional, señalando una "gestión del aire" que prioriza sueldos de funcionarios por sobre quienes sirvieron a la provincia.
Transparencia Institucional: A este clima se suma la reciente intervención del puerto, una medida que añade opacidad a la administración de recursos estratégicos y que, junto a la reforma constitucional, es vista por la oposición como un intento de concentrar poder en lugar de rendir cuentas.
El costo de la "prioridad política"
La convocatoria no solo es cuestionada por su oportunidad, sino por su costo. Organizar una elección de esta magnitud implica una logística millonaria en concepto de boletas, seguridad y autoridades de mesa. En una provincia que aduce falta de fondos para cerrar paritarias o normalizar la caja compensadora de los pasivos, el destino de estos recursos públicos se vuelve el centro de la polémica.
El 9 de agosto no será solo una fecha en el calendario electoral; se perfila como un termómetro social. Mientras el Ejecutivo insiste en que la reforma es necesaria para "modernizar el Estado", los ciudadanos se preguntan si es posible discutir una nueva Constitución cuando las bases del contrato social —salud, educación y previsión— están rotas.
¿Es este el momento para abrir una reforma? La convocatoria ya está en marcha, pero la tensión en las calles sugiere que la prioridad del gobierno y la de la gente hoy transitan caminos opuestos.
