La Administración General de Puertos (AGP S.A.U. en liquidación) formalizó el primer paso de su intervención en el puerto de Ushuaia con el lanzamiento de una licitación pública destinada a documentar el estado real de la infraestructura. El organismo nacional busca revertir años de desinversión y falta de diagnósticos técnicos en una de las terminales más estratégicas del país.
El frente judicial: fondos bajo sospecha
Más allá de la operatividad, el proceso de intervención abre una etapa de revisión financiera crítica. Según informes a los que se tuvo acceso, la gestión nacional busca esclarecer el paradero de partidas millonarias que no habrían llegado a las obras portuarias:
$4.000 millones que originalmente debían asistir al Ministerio de Economía.
$200 millones presupuestados en 2021 para un muelle de catamaranes que nunca se concretó.
La presunta derivación de recursos propios del puerto hacia el Ministerio de Salud.
De no hallarse precisiones documentales sobre estos movimientos, el caso podría derivar en una denuncia formal ante la Justicia Federal.
Tecnología de precisión para el relevamiento
La licitación técnica abarca una superficie de 45.000 metros cuadrados, que incluye muelles, accesos terrestres y áreas operativas acuáticas. Ante la ausencia de planos actualizados, la AGP exigió el uso de herramientas de alta complejidad para garantizar un "diagnóstico de precisión":
"Se utilizarán drones, escaneo láser tridimensional (LiDAR) y equipos geodésicos para generar modelos digitales en 3D y ortofotos georreferenciadas de toda la jurisdicción portuaria", detalla el pliego.
Esta base de datos no solo servirá para futuras obras, sino que permitirá actualizar el catastro y los dominios, identificando parcelas y ocupaciones de espacios con respaldo técnico fehaciente.
Una plataforma centralizada
Toda la información relevada será volcada en un sistema digital único que deberá permanecer operativo por al menos cinco años. Este "cerebro digital" permitirá a las autoridades consultar en tiempo real el estado de cada sector del puerto.
El plazo establecido para la ejecución de estas tareas es de 120 días hábiles, un periodo en el que Nación espera sentar las bases de una administración transparente y técnicamente eficiente en el Fin del Mundo.
