1. La confusión deliberada: Seguridad Antiterrorista vs. Estabilidad Estructural
El certificado que el Gobierno provincial difunde se basa en el Código PBIP (ISPS Code) y el Convenio SOLAS. En el ámbito portuario, esto garantiza exclusivamente protocolos contra atentados, sabotajes o ingresos no autorizados.
Lo que avala Prefectura: La operatividad de cámaras, cerraduras electrónicas y controles de acceso.
Lo que NO avala: La integridad de los pilotes sumergidos, la resistencia de las bitas de amarre ni la estabilidad del suelo.
Presentar un plan de protección antiterrorista como prueba de que el muelle no se va a caer es una manipulación técnica. Un puerto puede ser un búnker infranqueable y, simultáneamente, estar en riesgo de colapso físico por falta de mantenimiento, tal como la propia gestión admitió anteriormente.
2. La contradicción ante el CFI
Existe una inconsistencia flagrante en el discurso oficial. Mientras hoy Murcia defiende un puerto "seguro", su propia repartición informó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en 2022 que el muelle comercial atravesaba un "estado crítico" y una situación de "colapso total".
Esta dualidad plantea una pregunta inevitable: ¿Se falseó la información ante el CFI para agilizar procesos de privatización, o se le miente hoy a la ciudadanía sobre la seguridad del puerto? El hecho de que los únicos "pendientes" de la última inspección fueran una cámara y una cerradura confirma que el Gobierno solo se ocupa de la vigilancia, postergando las obras de infraestructura de fondo.
3. El "extravío" del documento y la falta de transparencia
Resulta sospechoso que el documento original se haya "extraviado", obligando a emitir un duplicado el 14 de enero de 2026. Si este certificado fuera la prueba definitiva de la seguridad del puerto, surge un interrogante lógico: ¿Por qué el Gobierno guardó silencio sobre él durante más de 90 días de intervención?
La respuesta parece técnica: las autoridades saben que, ante un peritaje de ingeniería, ese certificado no tiene validez para demostrar que la estructura subacuática no está degradada.
Conclusión: Un Puerto de Cristal
La estrategia de la administración de Gustavo Melella y Mónica Urquiza se traduce en una "estafa informativa". Intentar calmar a la opinión pública con cámaras de vigilancia mientras los informes de ingeniería advierten sobre fallas estructurales es de una irresponsabilidad absoluta.
La seguridad de la "Puerta a la Antártida" no depende de cerraduras electrónicas, sino de inversiones reales que han sido postergadas. Si la gestión de Murcia desea realmente desmentir el riesgo de colapso, debe hacer público el último informe de inspección subacuática de los pilotes, el único documento capaz de revelar la verdad sobre el estado del puerto.
