En diálogo con Moreno, la abogada de las familias damnificadas, Griselda Engelhard, marcó con claridad dos puntos centrales: no le consta la participación de funcionarios municipales y tampoco tiene elementos que confirmen la existencia de audios o vínculos con gremios, versiones que comenzaron a instalarse en las últimas semanas.
Lo que sí está bajo investigación es una posible estafa que ya alcanzaría a al menos 26 familias.
Según explicó, las operaciones se realizaron con pagos que rondan entre 20 y 26 millones de pesos, entregados a una persona que no es martillero ni corredor inmobiliario, en transacciones sobre tierras fiscales que no pueden ser vendidas.
“Alerta roja para la población”, advirtió, al señalar la proliferación de maniobras irregulares e incluso la existencia de inmobiliarias truchas.
El contexto agrava el problema: familias trabajadoras, muchas en situación de vulnerabilidad, que frente a la crisis habitacional y el costo de los alquileres terminan ingresando en circuitos informales.
La investigación, por su parte, no está exenta de tensiones. La propia letrada denunció amenazas y relató un episodio ocurrido en su estudio, donde una persona se presentó bajo una identidad falsa y luego apareció junto a uno de los denunciados, generando una situación de alta conflictividad.
A partir de estos hechos, se activaron medidas de protección y actualmente cuenta con rondas policiales.
Mientras tanto, la causa sigue abierta y podría ampliarse si aparecen nuevos damnificados. También se analiza la posibilidad de una reparación económica, aunque desde la defensa aclaran que aún es prematuro.
En este escenario, el foco vuelve a lo esencial: tierras que no están a la venta, operaciones clandestinas y personas sin habilitación que intermedian.
