Según señalaron fuentes vinculadas al ámbito institucional, la reiteración de este tipo de iniciativas sin la incorporación de nuevos elementos relevantes refuerza la percepción de que se trata de una estrategia orientada a trasladar al terreno político discusiones que ya están siendo abordadas en el ámbito judicial correspondiente.
En ese marco, advirtieron que avanzar con pedidos de interpelación sobre temas judicializados puede implicar una tensión innecesaria sobre el principio de división de poderes, al superponer instancias políticas con procesos que deben resolverse con las garantías del debido proceso.
Asimismo, remarcaron que la Justicia es el ámbito competente para investigar, determinar responsabilidades y garantizar transparencia, por lo que cualquier intento de anticipar conclusiones o forzar definiciones desde otros espacios institucionales resulta improcedente.
El tema, además, ya había sido objeto de presentaciones anteriores por parte del mismo concejal, lo que profundiza las críticas respecto de una posible utilización reiterada de un asunto sensible con fines políticos o de posicionamiento público.
En ese contexto, también comenzaron a circular interrogantes en el ámbito político respecto del rol que adopta el concejal en este tipo de iniciativas: ¿actúa exclusivamente en su función pública o podría existir un interés vinculado a su actividad profesional como abogado, como ya ocurrió en otras oportunidades?
Finalmente, se insistió en la necesidad de respetar los canales institucionales vigentes y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias, resguardando la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones.
