La resistencia ante el intento del Gobierno nacional de desalojar el Centro Logístico Invernal de Ushuaia expuso también las fuertes dilaciones de la política local. Lorena Henriques Sanches reveló que la gestión municipal vio venir la embestida centralista con mucha anticipación. Según relató, en septiembre de 2025 el Ejecutivo local detectó las primeras señales de alerta frente al paquete de medidas que anunciaba la nueva gestión nacional. Pese a que se armaron mesas de trabajo con los asesores de todos los concejales y se envió un proyecto de ordenanza en noviembre de 2025 para modificar el uso del predio y resguardarlo, la iniciativa jamás se trató.
"Fue una pena que el Concejo Deliberante no tratara esta ordenanza. Quiero creer que, tal vez por la coyuntura, no pudieron abordarla", disparó Henriques Sanches, dejando en evidencia la falta de reflejos o de voluntad política del cuerpo deliberativo para blindar un patrimonio clave de la ciudad. A pesar de este freno interno, la funcionaria ratificó que la posición del Municipio es jurídicamente inatacable gracias al blindaje que otorgan las leyes 23.775 (de provincialización) y la ley provincial 323, que transfieren el dominio de las tierras fiscales urbanas a las administraciones locales.
La titular de Hábitat insistió en que el predio posee un valor estratégico incalculable que no puede ser entregado a la lógica del mercado nacional. Advirtió que la discusión excede por completo los límites de un galpón municipal y que se trata de un avasallamiento a la autonomía fueguina. Con la firmeza que caracteriza su gestión, Henriques Sanches cerró la discusión legal respecto a la intimación de desalojo enviada por la Armada Argentina: "Podrán reclamar la estructura del galpón, pero las tierras pertenecen a la Provincia y, en el ámbito urbano, al dominio de los municipios".
