La vulnerabilidad habitacional y la falta de regularización dominial volvieron a ganar el centro de la escena política y social en la zona norte de la provincia. Decenas de familias residentes en el barrio Chacra VIII decidieron alzar la voz de manera pública para visibilizar una problemática alarmante y estructural que arrastran desde hace más de una década: la imposibilidad absoluta de acceder a las escrituras traslativas de dominio de los terrenos que adquirieron legítimamente. El caso testigo de un vecino que relató haber comprado su lote hace ya doce años, sin haber logrado obtener hasta el día de hoy el título de propiedad, desnudó el laberinto burocrático y la desprotección a la que se ven sometidos los ciudadanos frente al negocio inmobiliario y la inacción reguladora.
Esta preocupante situación refleja un fenómeno que no es aislado, sino que afecta a numerosas familias riograndenses que conviven a diario con el temor y la inestabilidad de no poseer el respaldo legal definitivo sobre el suelo donde edificaron sus hogares. A pesar de haber cumplido rigurosamente con sus obligaciones económicas y haber apostado por el desarrollo urbano de la localidad, los adjudicatarios se encuentran atrapados en un vacío legal que les impide desde solicitar créditos para la refacción de sus viviendas hasta dejar el bien en herencia formal a sus hijos, consolidando una injusticia que se perpetúa con el paso de los años.
En este complejo escenario, el malestar y la indignación vecinal van en aumento, apuntando directamente a las máximas autoridades locales. Los damnificados sostienen de forma categórica que ya no tolerarán más promesas de campaña ni dilaciones institucionales, por lo que exigen que la Municipalidad de Río Grande asuma de inmediato un rol profundamente activo y gestione una salida definitiva a este conflicto latente.
La administración municipal, encabezada por el intendente Martín Pérez, tiene la obligación política, legal y moral de intervenir con firmeza en el asunto, acompañar de manera integral a las familias afectadas y articular los mecanismos de mediación necesarios con los entes correspondientes para destrabar un expediente que acumula polvo en las oficinas estatales desde hace doce años. Garantizar el derecho a la escrituración no representa un favor político, sino el cumplimiento de una garantía constitucional básica que devuelve la seguridad jurídica y la tranquilidad social a quienes apostaron sus ahorros de toda la vida a construir su futuro en Río Grande.
