La secretaria municipal de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, confirmó que la demanda de asistencia social aumentó un 35% y advirtió que cada vez son más los vecinos que solicitan acompañamiento para poder pagar el gas.
El dato expone una realidad cada vez más difícil de ocultar: miles de familias ya no logran cubrir servicios básicos y deben recurrir al Estado para atravesar el mes. En una ciudad atravesada por la pérdida de puestos de trabajo, el aumento del costo de vida y la caída del poder adquisitivo, pagar una factura de gas se convirtió en un problema para una parte creciente de la población.
La asistencia social dejó de alcanzar únicamente a los sectores históricamente más vulnerables. Hoy también llega a trabajadores, jubilados y familias que cuentan con ingresos, pero que ya no pueden sostener los gastos esenciales.
Mientras el municipio reconoce que los pedidos de ayuda aumentan, la gestión de Martín Pérez sigue sin ofrecer respuestas de fondo frente a una crisis que se profundiza. Las políticas de contención resultan necesarias, pero no pueden convertirse en la única reacción de un gobierno ante el crecimiento de la pobreza.
El aumento del 35% en la demanda de asistencia no es simplemente una estadística administrativa. Representa hogares que deben elegir entre comprar alimentos, pagar servicios o afrontar otros gastos indispensables.
En Río Grande, la pobreza avanza y cada vez más vecinos dependen de la ayuda estatal para cubrir necesidades básicas. El deterioro social ya es reconocido por el propio Municipio, pero la gestión continúa administrando las consecuencias sin resolver las causas.
La pregunta es cuánto más deberá agravarse la situación para que el gobierno municipal deje de limitarse a reconocer el problema y comience a ofrecer soluciones concretas.
