Durante la nota, indicó que el aporte rondaría los $13.000 por contribuyente, equivalente a cuatro Valores Fiscales (4 VF), con actualizaciones semestrales. Sin embargo, en lugar de proponer modificaciones, mecanismos de control o alternativas de financiamiento, utilizó la incertidumbre sobre la cantidad de posibles beneficiarios como argumento para rechazar la herramienta.
La explicación genera preocupación por la falta de sensibilidad frente a una realidad que atraviesa a muchas familias. Todos los días vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación colectas solidarias organizadas para poder cubrir los gastos de sepelio, cremación o traslado de una persona fallecida.
Son familiares, amigos y vecinos quienes deben recurrir a pedidos públicos de dinero en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. No se trata de una situación hipotética ni de un problema imposible de dimensionar: las colectas existen, se multiplican y muestran que hay personas que no cuentan con los recursos necesarios para despedir dignamente a un ser querido.
Frente a esa realidad, resulta difícil comprender que una representante elegida por la comunidad reduzca la discusión a la imposibilidad de calcular cuántas personas podrían morir. Las políticas públicas de salud, emergencias, asistencia social o protección civil tampoco pueden anticipar con exactitud cuántas personas requerirán ayuda, pero eso no impide que el Estado planifique y destine recursos para responder.
Freiberger puede discutir el monto, las actualizaciones semestrales, los criterios de acceso o el mecanismo de administración. Lo que no debería hacer es utilizar la muerte y el dolor de las familias como una variable incierta para justificar su negativa.
El verdadero debate no es cuántas personas pueden morir, sino qué respuesta brindará el Estado cuando una familia no tenga dinero para afrontar un sepelio. Mientras las colectas solidarias se multiplican, Freiberger elige no acompañar una herramienta que podría evitar que el dolor también se convierta en desesperación económica.