El Gobierno Nacional oficializó una medida que vuelve a encender las alarmas en Tierra del Fuego respecto al manejo de su territorio y la soberanía en el Atlántico Sur. Mediante la Resolución 101/2026, firmada el pasado 26 de junio por la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se dispuso la desafectación de un predio de 2.939,35 metros cuadrados que formaba parte del complejo de la Base Naval Ushuaia, con el objetivo de avanzar firmemente hacia su subasta o venta privada.
El terreno en cuestión se encuentra delimitado por las arterias Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona de alta sensibilidad urbana y logística, próxima a la planta Orión. La decisión de desprenderse de este inmueble estatal se fundamenta en informes técnicos centralistas, específicamente el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado Nº 335/2026 bis, el cual catalogó al sector como "sin uso" y "sin ocupaciones permanentes", ignorando el valor estratégico a largo plazo que posee la presencia de la Armada Argentina en la jurisdicción más austral del país.
El expediente administrativo de este remate reconoce como antecedente directo una nota del Ministerio de Defensa fechada el 6 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, la cartera militar puso el lote a disposición de la AABE argumentando que resultaba "prescindible" para la gestión de la fuerza y que no existían previsiones para su utilización futura.
La polémica normativa establece un esquema llamativo: mientras avanza el proceso de comercialización inmobiliaria de cara al sector privado, la Armada Argentina continuará obligada a custodiar de forma gratuita el predio, garantizando su conservación, integridad y disponibilidad "libre de deudas". Esta política, enmarcada por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la premisa de "racionalizar el patrimonio inmobiliario ocioso", es leída en la provincia como un nuevo atropello al federalismo y una preocupante descapitalización del Estado en áreas clave para el desarrollo austral.
