Prisión domiciliaria y perspectiva de género: El TSJ hizo lugar al pedido de la Defensa Pública
La Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán y la Defensora Adjunta Penal, Contravencional, de Faltas y Penal Juvenil, Adriana Gigena de Haar, interpusieron recurso de queja por la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad planteado contra el rechazo del pedido de prisión domiciliaria para la señora M.M.R.
La mujer patrocinada por este MPD es madre de 5 hijos/as —3 menores de edad— que quedaban a cargo de su pareja y hermana, y además sufre una enfermedad crónica. Por eso, la Defensa alegó que la decisión del tribunal debe preservar el vínculo materno-filial y contemplar de manera integral las circunstancias del caso, el contexto familiar y la historia de vida de M.M.R. y sus hijos/as.
El Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, hizo lugar al recurso planteado, ordenó que se dicte un nuevo fallo en relación con el pedido de arresto domiciliario de M.M.R. y que se la juzgue, de acuerdo a sus características y condiciones personales, con perspectiva de género y teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en el caso. Asimismo hizo referencia a la situación de emergencia carcelaria en el ámbito local y federal.
Las defensoras invocaron que fueron afectados los principios de legalidad, pro homine, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la prohibición de todo acto de discriminación contra la mujer y las garantías de defensa en juicio y del debido proceso. Asimismo, agregaron que se habían interpretado de forma restrictiva e in malam partem las normas que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad, violándose el principio de razonabilidad.
El juzgamiento con perspectiva de género constituye un reclamo largamente sostenido por el Ministerio Público de la Defensa durante estos últimos años. Y en este caso en particular, el paradigma atravesó los planteos que desde el inicio de la causa hasta la actualidad, realizaron tanto las defensoras de Primera Instancia, Marina Recabarra, Bibiana Birriel y Mariana Salduna, como así también el Defensor de Cámara, Emilio Cappuccio.
Además, coadyuvaron durante el trámite de la causa con la elaboración de informes sociales e interdisciplinarios —que requirió la Secretaría Letrada de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad y que luego fueron favorablemente valorados por el Tribunal—, la Secretaría General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa, la Dirección de Asistencia Técnica, la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual y los Programas de Intervención y Reinserción Laboral de Personas Privadas de su Libertad.